Sí, siempre y cuando sean necesarios para llevar a cabo la función docente de manera adecuada. Nos situamos en supuestos de discapacidad, enfermedad crónica, trastorno, alergias alimentarias…

 Se considera dato de carácter personal toda información numérica, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica, o de cualquier otro tipo, susceptible de recogida, registro, tratamiento o transmisión concerniente a una persona física identificada o identificable.

Por otro lado, el centro educativo está autorizado a llevar a cabo tratamiento de datos de los alumnos sin consentimiento expreso siempre y cuando sea para fines educativos.

Por tanto, las imágenes tratadas para identificar al alumno teniendo como fin el desarrollo del curso escolar, están autorizadas y amparadas por la ley debido a que contribuyen a llevar a cabo la función docente. Cuando se trate de imágenes para otros fines, por ejemplo publicar en páginas web o en formato papel, fotografías de alumnos del centro tendrán que solicitar con carácter previo el consentimiento del afectado o de su representante legal.

Con carácter general, las notas de calificación de cada asignatura tienen como destinatarios a los alumnos y a sus padres. Sí será posible comunicar las calificaciones en la clase, en presencia de otros compañeros.

En el caso de que las calificaciones sean publicadas en algún tipo plataforma educativa o Web, deberá asegurarse que solo el alumno o sus padres tendrán acceso a ellas.

Los datos sólo se pueden recabar para cumplir una finalidad determinada, explícita y legítima. Como regla general, el interesado deberá conocer dicha finalidad con carácter previo a la recogida de sus datos.

Los datos no podrán utilizarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos, aunque la recomendación normal es que estas tareas se realicen con datos disociados, eliminando cualquier dato que identifique o permita identificar a las personas.

Por ejemplo, es legítimo recabar los datos de los alumnos matriculados en el último curso del primer ciclo educativo para llevar a cabo un estudio cuya finalidad sea adecuar los servicios de formación profesional, pero los datos así recogidos no podrán utilizarse, por ejemplo, para realizar una campaña publicitaria entre esos alumnos de un centro privado que se dedique a impartir enseñanzas.

Sí, los progenitores o las personas que ostenten la patria potestad del alumno están obligados por ley a velar por él, a educarlo y a procurarle una formación integral. En el cumplimiento de estas obligaciones se puede ejercer el derecho de interés legítimo y conocer los datos académicos del alumno.

El acceso a las calificaciones académicas de sus hijos será considerado un interés legítimo de los padres, siempre y cuando estos estén corriendo a cargo de los gastos de manutención o educación del alumno.

Además, en el entorno universitario la legislación contempla la posibilidad de hacer públicas las calificaciones cuando exista un interés legítimo o público en su comunicación.

El artículo 162 del Código Civil señala que los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados.

Por otro lado, es la resolución judicial de la separación la que establece lo relativo a la patria potestad y a la guardia y custodia de los hijos: normalmente la patria potestad es compartida y la custodia se asigna a uno de los progenitores.

La comunicación a los padres de las calificaciones de sus hijos o de los informes de Evaluación Pedagógica no será una cesión de datos del menor siempre y cuando estos ostenten la patria potestad.

En caso de que uno de los progenitores esté privado judicialmente de la patria potestad del hijo menor, debe ser acreditado también por el referido documento judicial, ya que en este caso la privación de la patria potestad implica su pérdida de la condición de la representante legal, no teniendo por tanto acceso a los datos personales del menor sin el consentimiento del otro progenitor.

En resumen, ambos padres separados podrán acceder a los datos del alumno si la patria potestad de su hijo es compartida,  aunque su custodia no lo sea. En los casos en que uno de los progenitores no tenga la patria potestad del alumno, no estará autorizado a acceder a los datos escolares del mismo sin consentimiento del otro progenitor.

No, los empleados que forman parte de una organización solamente deberán tener acceso a aquellos datos que sean necesarios para el cumplimiento de la función que tengan encomendada. Además, están obligados a guardar secreto acerca de los datos personales a los que hayan tenido acceso, incluso cuando el periodo de tratamiento haya finalizado.

Repartir entre los miembros del Consejo Escolar las notas de todos los alumnos con sus nombres para ver las dificultades que puedan tener y buscar las mejoras necesarias viola el principio de minimización de los datos tratados que establece el RGPD, dado que se trataría de un acceso excesivo de información no justificado. Nunca será el total de los alumnos el que necesita mejorar o tiene dificultades de aprendizaje, sino solamente un número determinado de ellos precisará atención específica y por tanto se debería actuar de manera específica sobre estos alumnos.

Por tanto, lo más adecuado sería que el claustro de profesores evaluase y determinase previamente qué alumnos podrían tener dificultades o podrían precisar de ayuda y sólo las calificaciones de éstos fuesen comunicadas al Consejo Escolar.

No obstante, lo que también sería factible es que se comunicase al Consejo Escolar de forma disociada las calificaciones de los alumnos de tal forma que la información no se pueda asociar con una persona identificada o identificable.

Si los padres no son socios del AMPA, la cesión de datos personales de los alumnos desde el centro educativo al AMPA solo podrá tener lugar cuando el centro educativo cuente con el consentimiento explícito de los padres o los tutores legales (o del propio alumno si este es mayor de 14 años) indicando la finalidad del tratamiento.

La cesión de datos de los alumnos a los cuerpos de seguridad del estado es obligatoria siempre y cuando sea necesaria para prevenir un delito o prevenir un peligro real para la seguridad pública.

Esta cesión de datos debe cumplir dos condiciones:

• Deben cederse solamente los datos necesarios para asegurar la seguridad o la prevención del delito, estando prohibida la cesión indiscriminada de datos. Para ello, la policía debe realizar una solicitud específica, motivada y proporcionada de comunicación de dichos datos.
• El centro educativo debe documentar adecuadamente que ha existido dicha comunicación con los cuerpos de seguridad.